En la causa Rit. I-112-2025 del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, cuya defensa estuvo a cargo de nuestro equipo, el Tribunal acogió el reclamo de nuestro cliente. Mediante sentencia de 27 de agosto de 2026, dejó sin efecto una multa de 60 UTM cursada por la Inspección del Trabajo.
La Empresa, contratista en una faena minera ubicada a gran altura geográfica, fue sancionada por no otorgar el trabajo convenido a una Trabajadora durante dos períodos de agosto de 2025. La Trabajadora había informado su embarazo, con el certificado médico respectivo, un día antes de su ingreso a la faena, y la Empresa no autorizó su subida.
La Inspección sostuvo que el embarazo no liberaba al Empleador de cumplir el artículo 202 del Código del Trabajo. Esta norma obliga a trasladar a la Trabajadora embarazada que se desempeña en labores perjudiciales para su salud a otras funciones compatibles con su estado, sin reducción de remuneraciones. A su juicio, al no reubicarla, la Empresa incumplió la obligación de proporcionar el trabajo convenido.
Por su parte, la Empresa alegó que impedir el ascenso fue una medida de protección exigida por el artículo 184 del Código del Trabajo. Agregó que las ausencias se pactaron como permisos con goce de remuneraciones, íntegramente pagadas, y que la resolución de multa no identificaba a qué faena debía haberse trasladado a la Trabajadora.
En lo relevante, la sentencia estableció que el deber general de protección del artículo 184 del Código del Trabajo adquiere especial intensidad en una faena minera en altura. Por ende, la obligación de proporcionar trabajo no puede entenderse en términos absolutos, como si autorizara a destinar a una persona a condiciones incompatibles con su estado de salud.
Asimismo, el Tribunal tuvo presente la guía técnica del Ministerio de Salud sobre trabajo en gran altitud, que considera el embarazo una contraindicación para subir sobre los 3.000 metros de altura.
Respecto del artículo 202, la sentencia distinguió entre dos cosas: la obligación de proteger a la Trabajadora embarazada, que calificó de indiscutible, y la existencia efectiva de un trabajo alternativo. Esta última debe acreditarse según la realidad de la Empresa, las funciones contratadas y las condiciones en que estas debían prestarse. Como no se acreditó una alternativa concreta y segura durante el breve período fiscalizado, no se configuró la infracción.
Por último, el Tribunal aplicó el principio de culpabilidad propio de la potestad sancionadora. Según este, no basta constatar que la Trabajadora no prestó servicios si existe una razón objetiva, seria y jurídicamente atendible que explica la conducta del Empleador. Concluyó que hubo error de hecho y dejó sin efecto íntegramente la multa, sin costas.
Dice la sentencia, en lo pertinente:
“DÉCIMO: Así, debe distinguirse entre la obligación legal de proteger a la trabajadora embarazada y la existencia efectiva de una posibilidad material de proporcionarle un trabajo alternativo; constituyendo, por cierto, la primera una obligación indiscutible; más la segunda requiere ser establecida atendiendo a la realidad de la empresa, a las funciones contratadas, a la organización de sus servicios y, especialmente, a las condiciones concretas en que éstos debían prestarse (…).”
“DECIMOTERCERO: No puede perderse de vista que la normativa laboral no puede ser interpretada de manera que la protección especial de la maternidad y el deber general de seguridad se transformen en obligaciones contradictorias; (…) debiendo ambas ser armonizadas de modo tal que la protección de la trabajadora prevalezca y que, cuando la prestación efectiva del servicio resulte incompatible con su estado de embarazo y no se encuentre acreditada una alternativa laboral concreta y segura, la conducta del empleador encaminada a impedir la exposición al riesgo no sea sancionada como un incumplimiento deliberado de la obligación de otorgar trabajo.”
Cabe recordar que, si el deber de protección del artículo 184 del Código del Trabajo choca con la obligación de proporcionar el trabajo convenido, prima la protección de la vida y salud de la Trabajadora. Con todo, el artículo 202 sigue vigente: si existe una función compatible y segura, el Empleador debe trasladarla a ella, sin reducción de remuneraciones.
Por ende, si su empresa enfrenta una situación similar, es importante tener presente lo siguiente:
Si su empresa fue multada por la Inspección del Trabajo, le recomendamos revisar qué hacer ante una multa de la Inspección del Trabajo y contactarnos apenas sea notificado, para planificar la mejor estrategia de defensa. Conozca nuestro servicio de reclamos de multas laborales y nuestra asesoría para Empresas.